El Concejo de Medellín anunció que interpondrá una demanda de nulidad contra la decisión de la Fiscalía General de la Nación de suspender las órdenes de captura contra 23 cabecillas de estructuras criminales vinculadas a los diálogos de paz urbana.
La acción judicial busca frenar de manera inmediata los efectos de la resolución, al considerar que podría generar riesgos para la seguridad en Medellín y el Valle de Aburrá. Además, se solicitará una medida cautelar urgente mientras se define la legalidad de la decisión.
Según lo explicado por el presidente del Concejo, la preocupación radica en que la suspensión de capturas podría facilitar escenarios de impunidad o ser utilizada para solicitar beneficios judiciales adicionales. Incluso, advirtió que algunos de los beneficiados ya estarían en las calles.
La polémica gira en torno a la Resolución 00072 de 2026, que suspendió temporalmente las órdenes de captura por seis meses como parte de los acercamientos del Gobierno con estructuras criminales en el marco de la política de paz.
Desde el Gobierno nacional se ha defendido la medida asegurando que no implica la liberación automática de los procesados y que busca facilitar los diálogos para reducir la violencia. Sin embargo, autoridades locales y departamentales han insistido en que la decisión pone en riesgo a la ciudadanía y debilita la institucionalidad.
Esta demanda se suma a otras acciones jurídicas impulsadas desde Antioquia, donde distintas autoridades buscan tumbar la medida en medio de un fuerte debate político y de seguridad en el país.